Un fantasma recorre España, y la va a seguir recorriendo. Se llama invierno demográfico y se podría resumir en dos datos: en 2024 nacieron en el país un 24% menos de niños que 10 años antes, y ya dan más a luz las mujeres de 41 años que las de 25. Nos volatilizamos lentamente y sólo la inmigración y su fertilidad pueden detener el proceso, nunca revertirlo.
Las proyecciones dicen que España será en pocos años un gran asilo: un 30% de los habitantes de las comunidades del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura) tendrán más de 65 años en 2037, año en el que seis millones de personas vivirán solas. Puede que usted y yo también, si llegamos.
La dependencia, como problema, pero también como negocio, irá pasando inexorablemente, pues, de las medias columnas de los periódicos y del muy escaso interés por parte de la masa, ahora que en dos millones y medio de hogares hay un dependiente (un 12% del total), a tema central en ese país para viejos que nos aguarda.
Y, sin embargo, aún estamos lejos de atajar esa situación. En 2025 el tiempo de espera en listas, aguardando las prestaciones de la Ley de Dependencia, ha crecido en 8 días con respecto a 2024: de 334 pasó a 342. Cada 15 minutos muere un ciudadano español apuntado a esas listas: si se lee este reportaje dos veces ya ha fallecido uno. España sólo gasta el 0,8% del PIB en dependencia, «cuando cualquier país europeo gasta como mínimo el doble».
Da todos esos datos alguien que lleva 40 años al pie de ese cañón, y que cada febrero ocupa una sala aledaña al hemiciclo del Congreso de los Diputados para cantarle las cuarenta a sus señorías, a los de todos los lados, desde su Observatorio de la Dependencia: «Hemos arreado en todas direcciones, por eso no les gustamos. Rajoy derogó de facto las leyes de Dependencia, pero los de ahora, que se supone que serían más proclives, no las dotan suficientemente… Y mientras mi madre, por cierto, sigue en la lista de espera. Tiene 94 años. Perfectamente puede morir en esa lista».
Cuando José Manuel Ramírez, de 62 años, se graduó en Trabajo Social, a principios de los 80, «el sistema se fundaba en la beneficencia, yo empecé en un reformatorio», aclara. Hoy los servicios sociales públicos, que «acogen a ocho millones de españoles», son «el cuarto pilar de Estado del Bienestar», dice, y algo más que eso: poco se ha hablado de hasta qué punto el que esa labor la haga el Estado, y no la Iglesia, ha contribuido a hacer laico este país. «Hemos cambiado mucho», dice.
Pero si le dejamos hablar Ramírez se convierte en una ametralladora de datos. «El sistema generado es totalmente ‘low cost’». «Al ritmo que vamos, atender a todos los necesitados llevaría 10 años». «Hay 66.000 usuarios de Dependencia que sólo tienen un botón telemático que pulsar: eso no es asistencia de verdad».
Ramírez también sabe que, para llamar la atención sobre el tema, y lleva 30 años haciéndolo como alma máter de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a veces hay que gamificar el discurso, hacerlo más divertido. Y lo logra. «Los políticos disparan al camillero, pero nosotros usamos datos oficiales. Se agarran a los datos como los borrachos a las farolas, para mantener la verticalidad. No les sobra transparencia».
Quizás la mejor frase de todas: «Ellos sólo quieren involucrarse, no comprometerse. Pero entre una y otra cosa hay una diferencia enorme. Digamos que en los huevos con jamón la gallina se involucra, pero el cerdo… El cerdo se compromete». Este Gobierno se involucra, pero no se compromete, afirma.
El 11 de febrero pasado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció una reforma «profunda» de la Ley de Dependencia para, de una vez, devolverles a los dependientes españoles -1,6 millones reconocidos y 270.000 por reconocer- «lo que les quitó el Gobierno de Rajoy» durante el desierto tras la mortífera crisis de 2008. Era, dijo Bustinduy, un paso hacia la «sociedad de cuidados».
«Es conocido», señaló Bustinduy, «que el despliegue de este sistema fue lastrado por los recortes del PP, que lo dejaron en situación crítica. La reforma que proponemos acaba con los recortes y blinda el sistema de Dependencia».
«¡Pero si no hay financiación para hacer todo lo que trae esa reforma!», contesta Ramírez. «Y el ministro lo sabe perfectamente. Esto va a traer mucha frustración a mucha gente que necesita esos ingresos como el comer. Los políticos no deberían hacer estas cosas. Usan lo social para dar una imagen amable. Pero es verdad que lo de Rajoy fue una derogación encubierta. Fue inmisericorde, quitó derechos y generó sufrimiento: la crisis la pagaron los más vulnerables. ¿Y por qué desde la asociación podemos decir esto? Porque llevamos 30 años en la brecha y en este tiempo no hemos recibido ni un duro público ni privado».
Ramírez pone un ejemplo de los recortes de 2012. «Imaginemos que tengo un dependiente en mi casa. Bien, para poder trabajar yo por la mañana y cuidarle por la tarde, necesito a una persona que venga a mi casa por la mañana, cuando yo debo salir pitando, le dé de desayunar, le asee, le vista y le coloque en el minibús que le lleva al centro de día, de donde yo le recojo a las tres de la tarde, después de trabajar mis ocho horas. Rajoy hizo elegir a la gente entre: o ayuda en casa, o centro de día. Las dos cosas no». Derechos Sociales ha prometido ahora el fin de esas incompatibilidades, «pero sin presupuesto. Y el problema es el dinero: sin ‘money’, sólo hay buenas intenciones».
En España hay ahora mismo 636.000 personas dedicadas enteramente a cuidar a un familiar, «y cada una de ellas cobra gracias a la Ley de Dependencia 268 euros al mes. Es decir: esa persona, que no está trabajando porque debe cuidar a su madre, a su hermano o a su hijo, gana 268 euros por trabajar 24/7, como dicen ahora los jóvenes, supliendo al Estado cuidando a otro. Es una miseria». En diciembre de 2023, cuenta Ramírez, el Gobierno publicitó «que iba a subir la intensidad de la ayuda al cuidador domiciliario… Pero en realidad todo quedó en agua de borrajas: tienes que instar a que te suban esa ayuda, no se hace de oficio, y el laberinto burocrático para solicitarlo es impresionante, una locura. Resultado: esas ayudas no llegan». Unos y otros u orillan lo social, o lo apoyan pero acaban usándolo, viene a decir Ramírez.
No hay que buscar demasiado para encontrar damnificados. Aurelia García, que vive en Azuqueca de Henares con su marido y sus tres hijos, trabajó toda su vida, desde los 19 años, como cocinera. Tuvo que dejarlo a los 31 al nacer su hijo pequeño, Alberto, que ahora cumple 18, pero que «es como un bebé de siete meses», cuenta ella. Alberto sufre el rarísimo síndrome de Pitt Hopkins: apenas 50 casos contabilizados en España.
«No anda, no habla, no controla esfínteres, tiene epilepsia y una discapacidad intelectual enorme, también una retinopatía grave, está operado de la columna, tiene un botón gástrico para alimentarle… Creo que no me dejo nada, ¿no?», ironiza ella. «Bueno, pero pon que es un amor, ¿eh? Lo es».
Un año después de nacer Alberto en 2007, y de evidenciarse su discapacidad grado 3 (la máxima), Aurelia comenzó a percibir 520 euros. Luego vino el «tijeretazo de Rajoy de 2012, que lo rebajó un 15%. Nos bajaron a 387».
Ella, por descontado, pasó de aportar un sueldo a casa, a estar dedicada «24 horas a mi hijo, con otros dos además». La endeble economía familiar quedó entonces completamente suspendida del sueldo de su marido, que trabajaba en Ineco Pegaso.
Aurelia tuvo que pleitear para que la Junta de Castilla La Mancha le subiera la prestación a unos míseros 442€. «Y eso es lo que he cobrado hasta este año, cuando se ha aplicado por fin la subida que acordó el Gobierno central en 2023. Nos dan 455». Calla un segundo, y resopla. «Qué te parece».
¿Qué ayuda han recibido además de ese subsidio? «Una cama articulada, que la trajeron como apoyo de Dependencia. Lo demás lo hemos tenido que costear nosotros. Hemos tenido que comprar una plataforma elevadora para salvar con su silla de ruedas los siete escalones para entrar a casa. Hemos tenido que reformar toda la casa para que entrara la silla de ruedas. Hemos tenido que adaptar una furgoneta, que nos costó 10.000 euros. Y todo a pulmón».
«Ahora vivimos cinco personas», sigue, «de la pensión de mi marido, 2.000 euros al mes, y estamos como podemos. Aunque yo me quisiera incorporar al mercado laboral no podría: Alberto tiene visitas médicas todo el rato. Al neurólogo, al neumólogo, al traumatólogo, al endocrino…».
«Así que nada, aquí estoy, ahorrándole dinero al Estado y sin ningún tipo de compensación. Porque entiendo que no se nos considere trabajadores, pero que al menos se reconozca nuestra labor…».
Aurelia coloca la dependencia de su hijo en un singular espejo: la suya propia, de él. «Es dependiente 24 horas al día, y yo dependiente de él 24 horas también. Cuando Alberto tiene temporadas de crisis epilépticas, mando a mi marido a dormir al sofá y meto a mi hijo en la cama conmigo. Lo tengo siempre delante de mis ojos, lo tengo que controlar. Donde voy yo, va mi hijo… Pero la ayuda es mínima: con esta ley nueva, ni se habla de dinero, ni de qué se va a hacer con los copagos… Nada. Espero de verdad que hagan algo».
El actual Gobierno asegura que sí ha hecho algo «después de que el de Rajoy recortara 5.400 millones de euros al sistema», apuntan a EL MUNDO desde Derechos Sociales, donde remarcan que en 2024 el gasto en Dependencia, «histórico», fue de 3.411 millones, «triplicando» lo que se gastaba en 2014: apenas 1.130.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales señala que España ha sido el único país de la UE en utilizar fondos europeos en política social, en concreto 1.500 millones, y que en 2023 el Gobierno incrementó en un 17,65% las cuantías máximas de cuidados en el entorno familiar. También apuntan que, pese a contar con Presupuestos prorrogados, la inversión estatal de 2024 en Dependencia fue superior a la de 2023, concretamente de 213 millones de euros más.
Ramírez contesta: por un lado, sostiene, en 2024 en realidad «bajó» el esfuerzo del Gobierno de recuperar todo lo perdido en época de Rajoy, «y además el Ministerio oculta esto a sabiendas, confundiendo interesadamente presupuesto y gasto, cuando en realidad el esfuerzo de 600 millones por año de los anteriores ha desaparecido en 2024».
Por otro lado, dice, «el Gobierno se ampara en que prorroga Presupuestos para justificar la dificultad de subir partidas para Dependencia, pero en realidad con el Decreto Ómnibus se demostró que podía hacerlo sin Presupuestos, y ahí no hubo nada que ayudara a Dependencia».
Ramírez apostilla: «De momento, mucha buena voluntad, pero son derechos de papel, sin dinero». Y apunta a otra de las fallas del sistema: la fragmentación autonómica. «La desigualdad es brutal, y clave». Como en tantas cosas, España va por barrios. Mientras Canarias y Galicia invierten 950 euros por dependiente, La Rioja, Andalucía y Castilla La Mancha ponen más de 1.700.
Precisamente esta última y Castilla y León han sido distinguidas por la Asociación de Directores de Servicios Sociales como mejores gestores en el último Observatorio. «Ya ves, una del PP y otra del PSOE, con otra derivada interesante: los castellanoleoneses no son de los que más invierten, pero sí quienes mejor lo gestionan, porque implican a las asociaciones».
El Gobierno de coalición asumió el compromiso de que el Estado central pagaría un 50% de la factura, «pero de momento está en el 30%, lo que trae parte de la infrafinanciación», dice Ramírez. Pero ojo, la Dependencia puede ser igualmente un negocio, y no sólo para las empresas privadas, que también: «Esto se lo expliqué mucho a [Luis] Garicano, y lo entendió: en Ciudadanos querían retornos para Hacienda, y por supuesto que los hay».
Los desgrana, en datos de su asociación: «Medio millón de personas están empleadas en el sistema. Por cada millón que se invierte en Dependencia se generan 40 puestos de trabajo directos, estables y deslocalizados, y que cubren mujeres en un 80%. Y ojo, el 41% de ese millón invertido retorna al Estado en forma de impuestos».
Conclusión: la manta de la Dependencia es por el momento muy corta, «y más teniendo en cuenta que el 94% de la población mayor declaramos que queremos morir en casa».
Hasta 35.000 personas con una residencia pública aprobada siguen en casa, esperando a Godot. Las trampas contables de las comunidades son innumerables: «Un tercio de los que sólo tienen botón están en la Comunidad de Madrid, que creemos que no graba algunas solicitudes en el sistema, para que no se acumulen…», acaba José Manuel Ramírez.
Volvemos a Azuqueca de Henares, donde Aurelia lo resume todo en su difícil día a día, a cuestas 24/7 con Alberto y su sonrisa: «Somos el único colectivo social que gana menos que en 2006, pero mucho menos. Y la vida no nos ha esperado, los costes han subido igualmente. Somos los últimos, pero, ojo», termina Aurelia: «Cada vez vamos a ser más».
