La disputa por el último voto: la Ley de Nietos provoca un choque entre Gobierno y PP

Una casa en la parte superior del papel. Dos señores a cada lado en el lado inferior. De sus pies salen sendos caminos que derivan en laberintos. Sólo uno llega a La Moncloa. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo quieren ser quienes coloreen con éxito su recorrido. En el tránsito, ambos se acusan de atajos. «Al Gobierno se llega con votos, no con atajos», acusa el socialista al popular, deslizando cierta connivencia con algunos jueces y pseudosindicatos. El líder de la oposición acusa al presidente del Gobierno de coger atajos electorales con la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática que permite que se otorgue la nacionalidad a los descendientes de españoles que sufrieron la Guerra Civil, conocida como Ley de nietos.

Censo electoral, voto por correo, ausencia de papeletas de una formación… cada vez que huele a elecciones se destapa una espita. La Ley de Memoria Democrática se aprobó en octubre de 2022 y contempla la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Datos oficiales del Gobierno, a 31 de marzo, retratan que se han registrado 2,4 millones de peticiones de citas para presentar la solicitud de nacionalidad; de ese total, se han presentado 1,2 millones en las oficinas consulares; se han aprobado ya 544.722 expedientes, practicando 306.000 inscripciones. El 22 de octubre de 2025 se cerró el plazo para recibir solicitudes de cita, pero los datos no son definitivos, ya que se siguen tramitando peticiones hechas en plazo.

«Hay una ingeniería electoral que consiste en incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto», expuso ayer Feijóo. Fuentes del PP insisten en la duda sobre si se trata de un plan orquestado para mejorar las posibilidades de Pedro Sánchez: «No es un elemento aislado. Hay una coincidencia temporal entre la vocación de darle la posibilidad de votar a quien reside aquí, e incluso a quien no reside. Puede aterrizar en España una población equivalente a Galicia, 2,5 millones de personas: por poder, podrían hacerlo, y quebrarían los servicios públicos», apuntan, antes de insistir en la sospecha: «Al PSOE le metimos 20 puntos en Andalucía y en el voto exterior ganó el PSOE».

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Borja Sémper, portavoz nacional de los populares, trató de modular explicando que su crítica no «prejuzga» a quién van a votar esos electores. «Si enchufas 2,5 millones más, intentaremos que nos voten a nosotros». Pero Feijóo fue claro: «Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes nos salen las cuentas». Y alertó de que el Gobierno «tiene la facultad de asignarle una provincia» a quien «no tenga muy claro» dónde inscribirse.

En La Moncloa consideran que estas críticas no son casuales. Que las hacen coincidir con la semana en que se pone punto final al proceso de regularización exprés de más de un millón de migrantes. «Lo hacen ahora para confundir dos procesos que nada tienen que ver, pero buscan esparcir el odio y el miedo a los migrantes», afean fuentes del Gobierno.

Mientras en el PP creen que Sánchez busca votos, en el PSOE contraponen que los populares ven que quizás no les da con Vox y empiezan a buscar «excusas». «Están asustados». Es más, desde el Ejecutivo recuerdan que Feijóo, en su recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Memoria Democrática, no planteó la derogación de la disposición adicional octava de la Ley, que establece la nacionalización.

«Feijóo frivoliza y manosea la Memoria Democrática y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es de justicia», dicen, con evidente malestar, en el Ejecutivo. «Hablar en esos términos es una profunda irresponsabilidad. No solo porque pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites, sino porque también se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles, que tienen derecho a ser igual de españoles que ellos».

En el PP desconfían. Por cómo ha sido el proceso y por el momento. Feijóo pone el foco, por ejemplo, en que en Cuba el proceso «se le ha dado a una empresa estatal. Queremos confirmar que no hay externalizaciones».

En las elecciones generales de 2023, el recuento del voto procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) alteró un escaño el resultado: el PSOE lo perdió en detrimento del PP en la Comunidad de Madrid. Podían votar un total de 2,3 millones de electores; depositaron su papeleta 233.688 personas.