Españaestá reforzando los controles de los pagos en el juego online mientras desarrolla un sistema común para identificar conductas de juego potencialmente perjudiciales. El Real Decreto 813/2026 exige a los operadores verificar la titularidad de los medios de pago, mientras que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha reabierto la consulta sobre las evaluaciones mensuales del riesgo de los jugadores.
Las medidas afectan a las retiradas de fondos y al trato que reciben los clientes clasificados como potencialmente en riesgo.
La Verificación De Los Pagos Podría Retrasar El Cobro De Premios
El Real Decreto 813/2026 actualiza el marco español de prevención del blanqueo de capitales establecido por la Ley 10/2010. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre, entrará en vigor el 28 de octubre de 2026.
Según el artículo 21, los operadores deben garantizar que los métodos de depósito y retiradapertenezcan al titular de la cuenta de juego. La normativa establece que «la titularidad de los medios de pago debe coincidir con la de la cuenta de juego. Los operadores deben verificar que los medios de pago utilizados para realizar depósitos y retiradas pertenezcan al titular registrado de la cuenta».
Los clientes actuales disponen de seis meses para completar la verificación. Durante este periodo podrán seguir realizando depósitos y jugando, pero no podrán retirar sus ganancias hasta que se haya verificado la titularidad. La disposición transitoria establece que los jugadores afectados «no podrán retirar las ganancias que hayan obtenido».
Los operadores deberán rescindir los contratos de los clientes que no hayan completado la verificación al finalizar el plazo, notificarlo a la DGOJ y devolver los saldos pendientes, incluidas las ganancias retenidas, con sujeción a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
El decreto también refuerza los requisitos de identificación a distancia y reconoce el documento nacional de identidad español tanto en formato físico como digital. Los requisitos de identificación electrónica y conservación de la información se aplicarán tras un periodo de adaptación de 18 meses.
Las Evaluaciones Mensuales Del Riesgo Se Unificarían
La DGOJ ha reabierto la consulta sobre una propuesta que exigiría a los operadores de juego online con licencia estatal realizar la misma evaluación automatizada del riesgo cada mes. La consulta estará abierta del 14 al 22 de octubre de 2026, tras las modificaciones introducidas a raíz de un informe de la Agencia Española de Protección de Datos emitido el 15 de junio.
Los operadores evaluarían la actividad de los 183 días anteriores durante los primeros siete días naturales de cada mes. Tras excluir a los jugadores esporádicos, aplicarían unos umbrales iniciales basados en la actividad, las ganancias o pérdidas netas, las cantidades apostadas y los depósitos. A continuación, un modelo de aprendizaje automático evaluaría las cuentas restantes mediante 48 variables, entre ellas las retiradas de fondos, la duración de las sesiones, los productos elegidos y las categorías de pago.
El modelo utiliza datos de las cuentas que obran en poder de los operadores y excluye las redes sociales, el historial de navegación, la geolocalización, los registros financieros externos y los datos de salud. La clasificación constituye una categoría regulatoria, no un diagnóstico clínico.
Los Jugadores Identificados Como En Riesgo Afrontarían Restricciones
Los operadores tendrían que explicar las clasificaciones y los principales factores que las motivan con un lenguaje sencillo. Los jugadores dispondrían de 72 horas para responder; de lo contrario, sus cuentas quedarían suspendidas hasta que atendieran el requerimiento.
Durante al menos seis meses, los clientes identificados como en riesgo perderían el acceso a promociones, servicios VIP y correos electrónicos comerciales. Además, tendrían que utilizar medios de pago a su nombre y no podrían usar tarjetas de crédito.
Los jugadores podrían solicitar una revisión al operador antes de presentar una reclamación ante la DGOJ. Las restricciones seguirían vigentes durante ambas fases.
La primera ronda de consulta recibió 18 aportaciones. Los participantes del sector cuestionaron los costes de implantación, la precisión del modelo y su auditoría independiente. La DGOJ calcula que la implantación costaría 130.000 euros por operador, unos 7,4 millones de euros en total para los 57 operadores con licencia.
La resolución propuesta entraría en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La verificación de los medios de pago y el modelo de riesgo siguen siendo dos procesos regulatorios independientes.
Fuente:
“Spain tightens compliance controls on iGaming payments”, sbcnews.co.uk, 14 de octubre de 2026
