“El uso de datos de menores para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin garantías legales ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de actualizar la Ley 25.326 y proteger la soberanía digital en Argentina”. Así lo afirmó Daniel Monastersky, Cyber & Data Privacy Lawyer, Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos de la Universidad Austral y Co-Founder Data Governance Latam, en una publicación en LinkedIn.
Monastersky destacó la preocupación por el uso indebido de datos personales que habría crecido en Argentina. También sostuvo que en las últimas semanas han surgido múltiples denuncias sobre cómo grandes plataformas tecnológicas, como Meta, estarían utilizando interacciones digitales de menores para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sin contar con mecanismos adecuados de consentimiento.
A su vez, se detuvo en uno de los casos recientes, el de María, madre de dos adolescentes en Buenos Aires, quien descubrió que sus hijos, de 13 y 15 años, habían estado alimentando sin saberlo los algoritmos de Meta, simplemente usando Instagram. La situación no es aislada y expone un vacío normativo que Argentina aún no ha resuelto, subrayó.
También citó el caso de una denuncia contra Meta, presentada en julio de 2024, cuya respuesta habría dejado en evidencia la falta de compromiso legal, con un apoderado con facultades insuficientes y una solicitud de prórroga. Mientras tanto —indicó— Brasil suspendió operaciones de IA y anunció sanciones económicas contundentes. La diferencia en el enfoque regulatorio entre ambos países resulta preocupante.
Para Monastersky, el problema tiene raíces estructurales. La actual Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), vigente desde el año 2000, ha quedado desactualizada frente a los retos del entorno digital. El próximo ingreso de Argentina al Convenio 108+ del Consejo de Europa, para él, podría representar una oportunidad histórica para adaptar la normativa local a los estándares internacionales.
Entre las recomendaciones que surgen del Convenio, destacó:
Actualización urgente de la Ley 25.326.
Promoción de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) en organizaciones públicas y privadas.
Establecimiento de mecanismos claros y específicos de consentimiento para sistemas de IA.
Programas de formación ciudadana en derechos digitales.
Sanciones efectivas y disuasorias ante incumplimientos.
Por otro lado, manifestó que la protección de los datos personales no es sólo un tema técnico o legal, sino que se trata de una cuestión de soberanía digital y de derechos fundamentales. Mientras no se legisle en consecuencia, añadió, los ciudadanos argentinos, incluidos niños y adolescentes, seguirán en una situación de vulnerabilidad frente a prácticas invasivas de empresas tecnológicas.
Finalmente, afirmó que es necesario un compromiso político decidido y una respuesta institucional coordinada, donde la tecnología debería estar al servicio de las personas, no al revés, “y, como han señalado diversas voces del sector, el momento de actuar es ahora”.
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