Tras la muerte de Fernando VII y en los albores de la España liberal con el acceso de Isabel II al trono, incontables grupos de rebeldes carlistas encontraron en las tierras elevadas de Teruel y Castellón un lugar en el que tomar poder e iniciar la recuperación de sus ideas absolutistas y tradicionalistas. Con la localidad de Cantavieja como centro de operaciones y liderados por el general Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo, los defensores de la legitimidad de Carlos V hicieron de este paraje natural único un importante bastión de resistencia ante las tropas isabelinas.
Así fue como la zona del Maestrazgo se convirtió en uno de los escenarios principales de las guerras carlistas que se desarrollaron durante el siglo XIX en España y que tan significativas fueron para la formación del país que hoy conocemos. Sin embargo, la relevancia que ha adquirido el territorio desde un punto de vista histórico con el paso de los años no concuerda con el desarrollo que sus localidades han experimentado en el plano económico y social.
En la actualidad, pueblos como el propio Cantavieja, Iglesuela del Cid o Mirambel son lugares desamparados, que pierden población año a año y que, con un presupuesto que ronda los 300.000 euros anuales, tienen muy difícil dar solución a sus males. Por ello, cuando el pasado 25 de julio de 2024 el Consejo de Ministros dio luz verde a la instalación de 20 parques eólicos en la zona del Maestrazgo turolense, los alcaldes tuvieron la sensación de que les había tocado la lotería, porque un proyecto de tal magnitud tiene la fuerza suficiente para cambiar su realidad.
«Nuestros pueblos están muy mal, especialmente tras el cierre de Marie Claire, que daba trabajo a 700 personas en la zona. Por eso ahora este proyecto representa la solución a nuestra mayor necesidad, que es impulsar económicamente el territorio para atraer nuevas empresas y generar puestos de trabajo. Además, ese dinero también nos servirá para construir vivienda y aumentar nuestros servicios, porque nadie quiere irse a vivir a un pueblo en el que tiene que conducir 40 minutos para ir al supermercado o que no tiene una buena conexión a Internet para teletrabajar», explica Fernando Safont (PSOE), alcalde de Iglesuela del Cid y presidente de la asociación Viento Alto en una entrevista con EL MUNDO.
El Clúster del Maestrazgo, como se ha denominado a este proyecto, será el mayor parque eólico de España, ya que, con sus 744 megavatios de capacidad instalada, podrá generar unos 2.000 GWh al año, el equivalente a la energía que consumen 555.000 hogares. Con ello, según explica Javier Prados, director en España de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), la empresa constructora, «se podrán sustituir fuentes más contaminantes, evitar la emisión de 270.000 toneladas de CO2 al año y reducir las importaciones de gas, permitiendo un ahorro al Estado de 58 millones de euros». Unas condiciones que acercarán a España a cumplir los objetivos marcados en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para 2030 y que están destinados al alcance de la neutralidad climática.
CIP, con más de 1.000 empleados en su plantilla, es la mayor gestora de fondos del mundo dedicada a inversiones en energías renovables y es la promotora de otros muchos proyectos en la región, como el parque eólico de Monegros, que cuenta con 487 MW de potencia, o un electrolizador de 500 MW en la localidad de Andorra, perteneciente también a la provincia de Teruel.
Sin embargo, con el proyecto del Maestrazgo, útil por su cercanía a la línea de evacuación eléctrica, pretenden dar un paso más en el desarrollo de renovables a través de una inversión de 1.100 millones de euros, que, según sus datos, ayudará a mantener 3.900 puestos de trabajo en el territorio. Además, los municipios serán quienes perciban la mayor retribución por todo ello, ya que, gracias al cobro de los impuestos derivados de la instalación, ingresarán de forma directa un total de 147 millones de euros. Entre ellos destacan casos como el de Mosqueruela, un municipio que supera por poco los 500 habitantes y que recibirá una cuantía de 61,84 millones de euros.
Iglesuela del Cid, con un parque eólico al fondo.
Estas cantidades serán gestionadas en exclusiva por los ayuntamientos locales, lo que hace inevitable no recordar lo sucedido en La Muela, donde su alcaldesa se enriqueció durante 25 años gracias al pelotazo que supuso la instalación de aerogeneradores en su territorio.
Para evitar que se dé una reedición de la conocida como Operación Molinos, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste (PP), sin oponerse al proyecto, pide que haya «una ordenación» a la hora de ejecutar el montaje, así como que «no se produzca un aprovechamiento político» del auge que va a suponer en los pueblos tal inyección económica. En ese sentido, recomienda a los alcaldes que sean «inteligentes» y apunta que lo que él haría en su pueblo con ese dinero sería desarrollar viviendas de alquiler asequible, «porque es algo que falta en todos sitios y que, al ser tan necesario, puede hacer de estos municipios lugares atractivos para mantener población y acoger nuevos vecinos que vengan a trabajar con sus familias».
Crítica a la «destrucción» del paisaje
Cientos de millones de euros, numerosos puestos de trabajo y la oportunidad para sobrevivir como pueblo han sido argumentos más que suficientes para que la idea del proyecto sea un éxito entre la población del territorio, que lleva años respaldando en las elecciones a los alcaldes que apuestan por la implantación de renovables. Sin embargo, existen voces críticas que consideran que el Maestrazgo tiene «un gran valor medioambiental y patrimonial» que, con la llegada de los molinos, «podría verse afectado».
Es la opinión de Ernesto Romeo, portavoz del grupo de medioambiente del movimiento ciudadano de Teruel Existe, quien considera que se está siendo «demasiado catastrofista» con la situación poblacional de la zona y denuncia que la instalación del Clúster «solo servirá para que los alcaldes ganen dinero a costa de perjudicar el territorio y devaluar las propiedades de las personas que allí viven».
Cabe destacar que la evaluación de impacto medioambiental, elaborada por la constructora y aprobada por el Gobierno, establece que los molinos tendrán una afección moderada en los hábitats de interés comunitario, que no cruzan ninguna ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), y no causan un daño excesivo en el entorno paisajístico.
La visión de que el parque eólico supondrá la ejecución de un ecocidio en una de las zonas más verdes de la provincia de Teruel también es defendida por Vox en Aragón. Por ello, su portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, propone en una entrevista con EL MUNDO que las renovables «deben instalarse mediante la aprobación de una ley del paisaje que vaya acompañada de unos mapas que marquen las zonas donde se pueden montar y con qué restricciones».
En Vox, según explica Nolasco, no están en contra de la instalación de renovables, siempre que se haga «de forma ordenada», por lo que propone que los molinos se instalen en zonas de los Monegros, «donde no molesten a nadie», y el dinero recibido a través de los impuestos que paguen las empresas «emplearlo para salvar la situación de los pueblos del Maestrazgo».
A pesar de que a nivel nacional la fuente que crece a mayor ritmo es la solar fotovoltaica -es ya la principal fuente del parque nacional por potencia instalada- en Aragón su incremento es similar al de la eólica desde 2021. Así, la primera ha pasado de 1.588 MW a cerca de 2.926 MW a finales de junio de este año. Los aerogeneradores, por su parte, ya eran la principal tecnología en la comunidad hace una década (ligeramente por encima del ciclo combinado de gas) con 1.906 MW y el parque se duplicó para 2020, cuando alcanzó los 4.285 MW. Actualmente está en 5.872 MW, lo que supone un crecimiento del 25% respecto a los 4.677 MW que había en 2021. Mientras, en la Comunidad Valenciana, las principales tecnologías son el gas, la eólica -aunque en esta comunidad crece a un ritmo mucho menor- y la nuclear, pues Cofrentes tiene prácticamente la misma potencia que todos los molinos valencianos.
El precedente de Castellón
Desde Castellón, a escasos metros del término municipal de los pueblos turolenses dispuestos a abrazar las renovables, observan como sus vecinos se encuentran en la misma situación que ellos hace 20 años, cuando los molinos llegaron a su provincia.
En una situación similar a la que hoy viven estos municipios, en las comarcas de Els Ports y el Alto Palancia también veían en los aerogeneradores una solución a la despoblación que ya amenazaba con ser un peligro a tener en cuenta en aquella época. Pero la realidad es que, dos décadas después, el único que ha sido capaz de mantener, más o menos, sus cifras poblacionales ha sido Morella, capital comarcal y puntal turístico en la zona. Los demás, sin excepción, han perdido habitantes año a año pese a la inyección económica que supone el proyecto.
Por ello, Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, entiende «que si estás en un pueblo pequeño y te llega una empresa con una oferta así», sea considerada, «porque la dificultad para dar servicios es evidente». Sin embargo, sentencia, «para nosotros estas infraestructuras tienen más cosas negativas que positivas, porque afectan a nuestros pilares económicos y a nuestro modo de vida».
