La historia política europea está repleta de ascensos fulgurantes y caídas estrepitosas, pero nada resulta tan fascinante para el análisis político como la comparación de liderazgos que, habiendo alcanzado la cima del poder ejecutivo bajo las siglas del socialismo democrático, acaban rindiendo cuentas ante los tribunales de justicia.
Durante décadas, la figura de Bettino Craxi se ha mantenido como el ejemplo del mandatario cercado por la corrupción sistémica que eligió el camino de la fuga antes de verse entre rejas. Hoy, las demoledoras investigaciones que se acumulan en la Audiencia Nacional de España obligan a trazar una pregunta incómoda pero ineludible: ¿estamos asistiendo a la reedición de una trayectoria idéntica? ¿Son José Luis Rodríguez Zapatero y Bettino Craxi dos vidas paralelas separadas únicamente por el tiempo y la geografía?
Para comprender el paralelismo, conviene examinar primero el caso italiano. Bettino Craxi lideró el Partido Socialista Italiano y gobernó el país entre 1983 y 1987, una época de consolidación de un sistema de comisiones ilegales institucionalizadas. Su declive no comenzó en los debates parlamentarios, sino en los despachos judiciales de Milán a principios de los años 90. El macroproceso Mani Pulite (Manos Limpias) desveló la trama de financiación ilegal conocida como Tangentopoli. Despojado de su inmunidad parlamentaria tras el colapso de su partido, y cercado por condenas firmes que sumaban más de 20 años de prisión, Craxi tomó en 1994 una decisión radical: huir a Túnez. Instalado en su residencia de Hammamet bajo la protección del dictador Zine el Abidine Ben Ali, mantuvo hasta su muerte en el año 2000 el relato de que era un exiliado político víctima de un complot judicial.
A miles de kilómetros y con tres décadas de diferencia, la realidad penal que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a adquirir tintes de una gravedad similar. El ex presidente del Gobierno español (2004-2011) ha pasado de ser un influyente mediador internacional a encontrarse formalmente investigado e imputado en la Audiencia Nacional. Los delitos que se barajan provisionalmente en los autos no dejan margen a la libre interpretación: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. La tesis principal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es que el ex líder socialista se situó presuntamente en el «vértice» de una red opaca dedicada a comercializar su ascendiente político y sus contactos internacionales a cambio de millonarias contraprestaciones.
El detonante que ha hecho saltar las alarmas y ha conferido una solidez inédita al sumario judicial ha sido la confesión de su presunto testaferro y hombre de máxima confianza, el empresario alicantino Julio Martínez. En un giro de calado que emula a los grandes arrepentidos del proceso italiano, Martínez entregó un escrito a la Audiencia Nacional y se ratificó ante el juez, destrozando la línea de defensa que Zapatero había mantenido. El empresario admitió que era el ex presidente quien «marcaba los pasos a seguir» en la consultora Análisis Relevante y confesó que mediaron directamente para conseguir el polémico rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La trama pactó una comisión de éxito del 1% del rescate (unos 530.000 euros), fondos que, según las pesquisas, se canalizaron en parte hacia el entorno familiar del propio Zapatero. Por si el escándalo de Plus Ultra fuera poco, la causa judicial ha ramificado sus tentáculos hacia el ámbito internacional y el patrimonio privado del ex mandatario. Un reciente informe de la UDEF acusa formalmente a Zapatero de haber cobrado 200.000 euros del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano, a cambio de ejercer una influencia ilícita ante las altas esferas del Gobierno de Bolivia de Luis Arce mediante contratos simulados de asesoría.
A esta vertiente internacional se suma el hallazgo más explícito y visual de la causa: un lote de 103 joyas y relojes de lujo descubierto por la Policía en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz. Tasadas oficialmente en la astronómica cifra de 1,3 millones de euros, las joyas han motivado la apertura de una pieza separada por presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal, dado que nunca habían sido declaradas.
Ante semejante panorama procesal, el paralelismo con Bettino Craxi deja de ser una mera especulación para convertirse en un objeto de análisis sobre escenarios de futuro. Con las hijas del ex presidente y su secretaria operativa, Gertrudis Alcázar, en la lista de próximas citaciones judiciales como investigadas, la presión jurídica sobre el entorno de Zapatero es asfixiante. Surge entonces la inevitable hipótesis de la huida: de verse contra las cuerdas, y ante la inminencia de una petición de prisión preventiva, ¿optará el ex presidente español por emular los pasos del líder italiano y escapar del país antes de ser procesado?
La opción del exilio voluntario ofrece ventajas discursivas innegables. Al igual que hizo Craxi, salir de España le permitiría eludir la fotografía entrando en un centro penitenciario y, al mismo tiempo, blindar un relato basado en la «persecución judicial injusta», el lawfare y la conspiración política de sus adversarios. Desde un tercer país que simpatizara con su causa, Zapatero podría presentarse ante ciertos sectores internacionales como un perseguido político y no como un procesado por delitos económicos comunes. Su intensa agenda y sus estrechas relaciones con diversos regímenes de América Latina -forjadas durante años de controvertidas mediaciones- sugieren que no le faltarían territorios dispuestos a acogerle y a dificultar eventuales órdenes de extradición.
Sin embargo, el contexto geopolítico actual impone variables y riesgos que diferencian sustancialmente la época actual de la década de 1990. El factor más disuasorio para cualquier tentación de fuga transatlántica tiene un nombre propio: los Estados Unidos de Donald Trump. En el tablero actual, una administración norteamericana de corte severo y hostil hacia los aliados de los regímenes bolivarianos podría activar mecanismos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o abrir investigaciones federales por lavado de dinero. Para un político investigado, el riesgo de ser procesado en suelo estadounidense introduce una variable de pánico. A diferencia del sistema penitenciario español, muy garantista, el régimen de aislamiento y la dureza de las cárceles federales norteamericanas carecen de cualquier atractivo.
La amenaza de una intervención judicial de la superpotencia opera como un importante elemento de retención: ante la disyuntiva de huir y arriesgarse a una detención internacional instigada por Washington, resulta estratégicamente más seguro para el ex presidente permanecer dentro del marco jurídico nacional y de la Unión Europea, que ofrecen un paraguas procesal infinitamente más predecible, con posibles recursos ante el Tribunal Supremo, el amparo del Tribunal Constitucional y, en último extremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En conclusión, aunque las biografías políticas de Bettino Craxi y José Luis Rodríguez Zapatero se fraguaron en épocas distintas, han terminado aproximándose de forma dramática. En los próximos meses sabremos si Zapatero continuará librando la batalla judicial dentro de las fronteras españolas o si, como Craxi, cederá a la tentación de elegir el camino del exilio para mantener viva su narrativa de inocencia. Lo único certero es que las vidas de ambos mandatarios socialistas han quedado entrelazadas en los anales de la historia judicial europea. Cuando el poder político se mezcla con el lucro de los negocios privados, hay muchas probabilidades de que el desenlace no sea feliz.
Salvador Forner Muñoz es catedrático Jean Monnet de Historia e Instituciones de la Unión Europea
