Brian Armstrong, el CEO del exchange de criptomonedas Coinbase, negó las informaciones de que la Casa Blanca esté considerando retirar su apoyo a la Ley CLARITY, un proyecto de ley de estructura del mercado de criptomonedas, y también desmintió los rumores de que la administración esté «furiosa» con Coinbase.
«La Casa Blanca ha sido muy constructiva en este asunto. Nos pidieron que viéramos si podíamos llegar a un acuerdo con los bancos, en lo que estamos trabajando actualmente», afirmó Armstrong.
El viernes, la periodista independiente Eleanor Terrett informó de un choque entre Coinbase y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Casa Blanca amenazando con retirar su apoyo al proyecto de ley de estructura de mercado si Coinbase no reanudaba las negociaciones.
Coinbase retiró su apoyo a la Ley CLARITY el miércoles por la preocupación de que la legislación desmantelaría el sector de finanzas descentralizadas (DeFi), prohibiría el trading de acciones tokenizadas y la distribución de rendimientos de stablecoins a los clientes.
«Preferimos no tener ninguna ley a tener una mala. Esperemos que todos podamos llegar a un mejor borrador», dijo Armstrong el miércoles, mientras compartía una lista de las preocupaciones de la industria sobre el borrador más reciente del proyecto de ley.
El Comité Bancario del Senado de EEUU aplazó la revisión programada de la Ley CLARITY, que estaba inicialmente prevista para el jueves, hasta que los legisladores y la industria de las criptomonedas puedan negociar términos más aceptables.
Armstrong dijo que espera una nueva revisión del proyecto de ley en «pocas» semanas y caracterizó las disposiciones de la versión estancada del proyecto de ley como «catastróficas» para los consumidores, haciendo eco de las preocupaciones generalizadas de los ejecutivos de la industria de criptomonedas.
La Ley CLARITY divide a la industria de las criptomonedas
La Ley CLARITY ha generado una división dentro de la industria de las criptomonedas, con algunos ejecutivos del sector argumentando que el proyecto de ley es un beneficio neto a pesar de los inconvenientes, y otros sosteniendo que representa un gran retroceso para la industria.
En el centro del debate está la cuestión de la distribución de rendimientos de stablecoins a los clientes, algo que la versión más reciente del proyecto de ley prohíbe.
Los críticos del proyecto de ley afirman que protege los intereses bancarios a expensas de la industria de las criptomonedas y acaba con la innovación en tecnología financiera.
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