El 2 de julio de 1994, un incendio en Villarluengo (Teruel) desatado por un rayo dio comienzo a la que ha pasado la historia de España como «la semana negra». En apenas siete días una oleada de fuegos forestales en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Andalucía arrasaron más de 110.000 hectáreas (ha) y causaron la muerte a una veintena de personas. Dos años antes se habían creado las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), inspiradas en las unidades helitransportadas de EEUU, y como recuerda Ignacio Pérez-Soba, doctor ingeniero de Montes, aquella tragedia «fue un punto de inflexión» en la manera de abordar los incendios forestales en España.
Otra tragedia -la muerte en 2005 de 11 miembros del retén de extinción durante un incendio originado por una barbacoa en Riba de Saelices, en la provincia de Guadalajara-, dio lugar a la creación ese mismo año de la UME, la Unidad Militar de Emergencias destinada a intervenir en catástrofes.
Y tras la conmoción por el agosto negro de 2025, cuando un dramático episodio de incendios simultáneos que afectaron sobre todo a a Castilla y León y Galicia se saldó con cuatro fallecidos y 30.000 desalojados, 2026 está superando las previsiones más pesimistas. Tras los 14 fallecidos en el gran incendio en Los Gallardos (Almería), causado, según se cree, por la caída de un cable eléctrico, más de 200.000 ciudadanos han sido evacuados o confinados en sus casas en las dos últimas semanas por los graves incendios de La Mierla (Guadalajara), Madrid, Toledo, Castellón y Ávila. Este último ha sido el más grande de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas quemadas.
Las cifras dan vértigo: desde que comenzó 2026 hasta el 1 de agosto se han desatado 38 grandes incendios forestales o GIF (aquellos que queman más de 500 ha) frente a los 12 registrados en el mismo periodo del año pasado. En total, han ardido 186.480 hectáreas forestales, mientras que el año pasado a estas alturas del año el balance era 33.360.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los expertos coinciden en atribuir este verano en llamas a una combinación de causas entre las que destacan el abandono paulatino, a lo largo del último medio siglo, de los usos tradicionales del medio rural, con la consiguiente acumulación de biomasa por la insuficiente e ineficaz gestión forestal. Los efectos del cambio climático y la meteorología que hemos tenido este año son los otros dos factores clave que han convertido a España en un polvorín frente a los incendios.
EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS
Para Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes (COIM) de Aragón, «carece de sentido tratar de sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en un año o en unos pocos años». «Si analizamos las estadísticas generales de incendios forestales que tiene el MITECO desde 1968, vemos que más o menos desde mediados de la década de 1990 a comienzos del siglo XXI, todos los indicadores van a mejor en España, claramente. Todos menos uno. Lo que va a peor es que los grandes incendios forestales son cada vez más grandes, hasta el punto de que habría que replantearse su definición pues ahora nos encontramos con fuegos que queman decenas de miles de hectáreas. Y claro, al ser cada vez más grandes, afectan cada vez más a bienes y personas y están asociados, en general, a comportamientos muy violentos y muy impredecibles».
Si nos centramos en la última década, entre 2015 y 2024 la media fue de 105.614 hectáreas de superficie quemada y 24 GIF, según el MITECO, con repuntes en los años 2022 (270.289 ha y 60 GIF) y 2025 (354.746 ha y 63 GIF). Los mejores años en ese periodo fueron 2018 (26.994 ha y 3 GIF) y 2024 (49.762 ha y 16 GIF). Sin llegar a los niveles de 2015 y 2022, en 2021 (92.556 ha y 19 ha) hubo también incendios muy graves, entre los que destacaron los dos fuegos en la Sierra Culebra, en Zamora, que arrasaron 60.000 ha, y el de Navalacruz, en Ávila (20.000 ha).
Actualmente, alrededor del 90% de los incendios se apagan antes de alcanzar las cinco ha de superficie, pero los que derivan en GIF se controlan cada vez con más dificultad. 2025 fue un ejemplo de ello. El número total de incendios fue de 8.199 frente a los 9.171 de la media entre 2015 y 2024, pero en ese año se desataron cinco de los 16 incendios mayores de 20.000 registrados en toda la serie histórica (1968-2025).
FALTA DE PREVENCIÓN Y DE GESTIÓN FORESTAL ACTIVA
«Ese indicador discordante de los GIF», dice Pérez-Soba, «es el que nos señala que hay un fallo en la estrategia que se ha seguido hasta ahora», que resume así. «Se invierte poco en gestión, muchísimo en extinción y bastante poco, tirando a muy poco, en restauración».
Y ello pese a que la superficie forestal española ocupa casi el 56% del territorio nacional -28,2 millones de hectáreas, de los que 18,7 millones se encuentran arboladas-, según recoge la Estrategia Forestal Española Horizonte del MITECO en 2021. En 1950, la superficie forestal española era de 25,1 millones de hectáreas, de acuerdo a la Estadística Forestal de España del Ministerio de Agricultura publicada en 1952.
Un aumento que, según el Instituto de Ingeniería de España (IIA), responde en gran medida al éxodo demográfico, el envejecimiento de la población, la regresión de la ganadería extensiva y el fin del aprovechamiento tradicional de leñas y maderas, que han favorecido la acumulación de combustible vegetal en el monte.
Las repoblaciones forestales realizadas (en torno a cuatro millones de hectáreas entre 1940-1999, y 430.579 ha entre 2000 y 2020, así como la forestación de tierras agrarias favorecida por la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea en la última década del siglo XX (298.482 ha desde 2000 hasta 2020) también han contribuido al aumento de masa forestal. Globalmente, desde 1999, la superficie forestal arbolada ha aumentado en casi 1,5 millones de ha.
Asimismo, se estima que el 72% de los montes son de propiedad privada, individual o colectiva. En ese sentido, Carlos del Álamo Jiménez, presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) y portavoz del IIA, considera que «el desconocimiento de la titularidad forestal» en buena parte del territorio dificulta una gestión adecuada de un monte fragmentado en un número muy elevado de parcelas.
A esa dificultad se suma el hecho de que «a medida que se despobló el medio rural», repasa Pérez-Soba, «casi todas las administraciones dejaron de invertir en mejorar y gestionar los bosques, pues los operativos de extinción pasaron a costar mucho más dinero. Por ejemplo, los medios aéreos son muy caros. Y en lugar de pagarse con fondos extraordinarios, se financiaron a costa de la inversión en prevención y en gestión forestal. Es decir, restándolo de los tratamientos selvícolas, la construcción de caminos forestales, las obras y servicios forestales tradicionales, que son las tareas que ahora se llaman de prevención y las más importantes para prevenir incendios. Y si uno deja de gestionar los montes durante 40 años, no debe extrañarse de que sufran grandes perturbaciones».
El ingeniero considera que «había que mejorar el operativo, pero sin estrangular la gestión forestal en España. La expansión de medios aéreos y la profesionalización de los dispositivos de extinción nos hizo un país líder en este campo. Pero el sistema de extinción que tenemos ahora es el mismo que mejoró hace 30 años, sólo que mucho más numeroso y mucho más caro. Tenemos 18 sistemas de extinción (17 comunidades y el del MITECO), que se coordinan amigablemente pero de manera poco planificada», sostiene.
Desde su punto de vista, «tenemos un modelo desequilibrado de inversión en lo que a incendios se refiere y hace falta una gran valentía política para cambiarlo. Porque todas las actuaciones de gestión forestal tienen éxito o fracaso al cabo de 10-12 años como pronto, con lo cual estamos hablando al menos de tres legislaturas», resume Pérez-Soba.
No obstante, considera que «el verdadero problema no es la despoblación rural en sí, sino la desvinculación de la población rural con la gestión y los aprovechamientos forestales». Y como ejemplo señala que hay territorios muy despoblados cuyos montes arden menos que la media, como Soria, con una gran tradición de ordenación de montes, de sistemático y sostenible aprovechamiento de la madera, y de mantenimiento de un entramado empresarial forestal tradicional pero también moderno».
Margarita Hernández, portavoz del COIM, estima que nuestros montes necesitan al menos una inversión sostenida de 3.000 millones de euros al año en gestión forestal, una cifra que «resulta infinitamente más eficiente y económica que destinar fondos a la posterior restauración de las zonas calcinadas». Esta cantidad queda lejos de los aproximadamente mil millones al año que, según estima el COIM, se destinan en la actualidad en todas las administraciones, pues según la Estrategia Forestal Española Horizonte, se invierten de media 38 euros por hectárea y año. En ese sentido, el MITECO señala que entre 2024 y 2026, el Gobierno ha incrementó cerca de un 30% el presupuesto para prevención.
En lo que respecta a la ganadería, los Censos Agrarios del INE reflejan un desplome en el número de granjas que trabajan con los principales grupos de rumiantes: bovino, ovino y caprino. En los últimos 20 años, cuatro de cada 10 explotaciones han dejado de existir, sin que ello haya supuesto un descenso comparable en el número de cabezas de ganado.
En España no hay registros oficiales de explotaciones ganaderas extensivas (las que alimentan al ganado a base de pastoreo y contribuyen a controlar la vegetación en los montes) o intensivas (que usan piensos y están estabuladas) que permitan medir con exactitud cuál ha sido el descenso en cada tipo de manejo.
El INE sí ofrece datos sobre las cabezas de ganado de las explotaciones activas. María Turiño, de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, advierte de que este dato no es en sí mismo concluyente para determinar si una explotación es extensiva o no, ya que «lo que realmente vincula la extensividad es la alimentación». No obstante, sí es evidente una tendencia a la concentración en explotaciones con más animales que en el pasado, informa Alberto Hernández.
Otro factor que destacan expertos como Hernández es la necesidad de gestionar mejor la interfaz urbano-forestal para proteger a las personas: «La existencia de enclaves de población en masas forestales hace prioritario potenciar la cultura de la autoprotección efectiva. Sus habitantes deben conocer y aplicar pautas básicas de seguridad de defensa de su propiedad y de actuación en caso de emergencia», apunta.
VERANOS MÁS LARGOS Y CALUROSOS
Los cambios en el clima son otro de los aspectos fundamentales que explican este julio negro: «Las condiciones de verano aparecen ahora más de un mes antes que en los años 70 y 80 del siglo pasado. En 2026 hemos tenido a finales de mayo calor propio de julio», apunta Rubén del Campo, portavoz de Aemet. «Tuvimos un inicio de año muy lluvioso, con una borrasca tras otra. Fue el bimestre inicial de año más lluvioso desde 1979, mientras que el periodo de abril a julio va a situarse entre los tres más secos de la serie histórica. Toda esa vegetación, ese combustible, que creció debido a la gran cantidad de lluvia, se ha secado de forma extrema».
Además, desde 1961, cuando comienza la serie histórica de registros de Aemet, «los veranos se han calentado alrededor de dos grados, que se están traduciendo en olas de calor más frecuentes, más largas, más intensas y que afectan a una mayor extensión del país», señala Del Campo. «Hemos visto un incremento estadísticamente significativo. Esto quiere decir que no se ha producido por casualidad, sino que detrás está el trasfondo del cambio climático», señala.
Estas olas de calor provocan que el combustible, sobre todo la vegetación fina como hierbas o trozos de arbusto, se seque de forma extrema y cuando hay una ignición, arde con enorme facilidad y el incendio se propaga rápidamente. «Lo que hace unos años quedaba en un conato o en un incendio de menor dimensión, ahora puede ser mucho más difícil de controlar», señala.
En su análisis de las olas de calor, Rubén del Campo menciona lo que él llama la regla del tres: «Desde 1975, por cada década que pasa, las olas de calor en España duran tres días más. O dicho de otra manera, ahora en promedio, tenemos cada verano entre 12 y 15 días más en ola de calor respecto a los años 70. Son más extensas, pues en promedio, por cada década que pasa afectan a tres provincias más. Además, se observa un incremento de tres décimas de grados por década en las temperaturas máximas que se alcanzan en las olas de calor».
Otra cuestión «es que si tenemos olas de calor que afectan a zonas mucho más amplias, hay más posibilidades de que ocurran simultáneamente grandes incendios en más zonas, lo cual es un desafío para el control y la extinción».
Las noches tórridas o ecuatoriales (las que no bajan de 25 grados) se han multiplicado por cuatro en ciudades mediterráneas como Valencia desde mediados del siglo pasado, según repasa Del Campo, que da otro dato revelador: «En la estación de Madrid-Retiro no se registró ninguna temperatura mínima por encima de los 25 grados entre 1920 hasta 1986. La primera fue en 1987 y desde entonces ha habido 52, de las que 31 se han registrado en los últimos seis años».
Detrás de este aumento de las noches tórridas hay una combinación de factores, según el meteorólogo: el aumento de temperaturas por el cambio climático, el crecimiento de las ciudades y la isla de calor urbana (el fenómeno climático que hace que las ciudades registran temperaturas más altas que las zonas naturales que las rodean).
Todas estas condiciones han hecho que la temporada de riesgo de incendios se alargue: «Mi padre era también ingeniero de Montes, y cuando yo era niño, siempre decía que cuando él dormía intranquilo, era de Santiago a la Virgen de Agosto [del 25 de julio al 15 de agosto*. Antes solían estar concentrados en un periodo, lo cual permitía también concentrar los operativos. Pero los periodos tradicionales de incendios se van desplazando hacia los márgenes», dice Ignacio Pérez-Soba, que tiene 54 años.
De hecho los dos veranos más calurosos que ha tenido España en esta década, 2022 y 2025, han sido los peores en incendios en este periodo. Y con las temperaturas registradas en junio y julio de 2026, este verano ha superado ya a los de 2022 y 2025, según Del Campo.
Una tendencia que respalda un informe publicado el viernes por los científicos del clima del grupo World Weather Attribution, que concluyen que el cambio climático provocado por el ser humano hizo que las condiciones meteorológicas extremas que ha alimentado los incendios fueran 20 veces más probables en el caso del centro de España. Esas condiciones, estiman, pueden producirse ya cada seis años en el centro peninsular.
Por otro lado, un estudio realizado con datos de España, Portugal, Francia, Italia y Grecia publicado esta semana en la revista Scientific Reports, concluye que desde 1981 la intensidad de las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios -calor, sequía y viento- aumentó hasta un 50% entre 2016 y 2025, en comparación con el período entre 1981 y 2010. «Significa que el Índice de Riesgo de Incendios (Fire Weather Index, FWI) aumentó hasta un 50% en algunas de las regiones más afectadas del sur de Europa. Además, el número de días con condiciones meteorológicas extremas para los incendios se ha multiplicado. En muchas zonas de la Península Ibérica hemos pasado de tener menos de diez días de verano con condiciones extremas durante el periodo 1981-2010 a registrar hasta unos 25 días en la última década», señala el ingeniero y físico atmosférico ecuatoriano Raúl Cordero, coautor del estudio.
Lo más llamativo, destaca, es que el número de incendios ha descendido: «Sin embargo, el cambio climático está incrementando la frecuencia de condiciones extremas. Cuando coinciden olas de calor, sequías prolongadas y abundante combustible vegetal, los incendios que logran escapar del ataque inicial se vuelven mucho más intensos y difíciles de controlar».
Según Cordero, «las herramientas con las que hemos contado durante las últimas décadas para gestionar incendios ya no son suficientes por sí solas. Será necesario complementar la capacidad de extinción con una gestión más activa del combustible y una mejor planificación del paisaje», propone.
LA PENÍNSULA IBÉRICA, LA REGIÓN MÁS CASTIGADA DE EUROPA
Según las estadísticas de la herramienta EFFIS (Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales) , Portugal y España son los países europeos más afectados por los incendios (Portugal por porcentaje de superficie del país quemada -un 3,04% el año pasado- mientras España lidera el ranking por hectáreas quemadas).
De hecho, en el contexto de Europa, España ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie forestal (solo precedida por Suecia) y el tercero en extensión arbolada (tras Suecia y Finlandia).
Los resultados del estudio climático liderado por Raúl Cordero también muestran que la Península Ibérica «destaca claramente dentro del sur de Europa» como la zona más afectada por los incendios. «Aunque toda la región mediterránea se ha calentado, España y Portugal combinan ese calentamiento con una reducción de las precipitaciones de verano y con sequías cada vez más frecuentes. Esa combinación hace que las condiciones favorables para la propagación del fuego se hayan intensificado más que en otras regiones mediterráneas».
En cambio, añade, en partes del sur de Italia y Grecia, han observado que la lluvia de verano ha aumentado ligeramente en las últimas décadas. «Ese incremento no elimina el riesgo de incendios, pero sí parece haber amortiguado parcialmente el efecto del aumento de las temperaturas».
Portugal también ha sido el país que más pérdidas de vidas humanas ha sufrido, en particular en la campaña de 2017, cuando fallecieron 65 personas en el incendio declarado en Pedrógao Grande, muchas de ellas atrapadas en la carretera. Entre 2013 y 2017 murieron 117 personas en nuestro país vecino y ardieron más de 300.000 hectáreas.
Francia lidia ahora en el sur del país con el peor incendio de su historia, que ha arrasado unas 42.000 hectáreas, mientras que en 2007 fue Grecia quien vivió una gran tragedia, con incendios que asolaron medio país y mataron a más de 50 personas atrapadas en sus casas o durante la huida. A eso se suman, entre otros, los grandes incendios en 2023 en las islas de Corfú y Rodas, y los que se han declarado esta semana en Paros, Creta y el sur del Peloponeso, con tres bomberos fallecidos.
«La situación en estos países es parecida, aunque haya diferencias según las zonas. Un año le toca un país y otro año le toca otro, pero estamos todos ahí, sufriendo las mismas consecuencias de una casuística muy parecida: un efecto acumulativo de la despoblación rural, abandono de usos tradicionales, ausencia de gestión forestal, urbanismo metido en el monte…», resume Luis Suárez, coordinador de Conservación en WWF España.
Según este biólogo, los problemas que tenemos en el sur de Europa se van a trasladar al norte a medida que avance la crisis climática. «Yo creo que la Unión Europea ya está empezando a reaccionar. En España, durante muchos años hemos tenido un dispositivo de incendios muy eficaz, considerando la gran superficie que tenemos, pero ahora se está viendo completamente desbordado por estos incendios tan difíciles de apagar».
LA ACCIÓN HUMANA CAUSA EL 80% DE LOS INCENDIOS
Los montes no arden porque haga mucho calor. Se necesita una ignición que cause el incendio. En España, los que se generan por causas naturales, sobre todo por la caída de rayos, representan en torno al 5% del total. Según los datos ofrecidos por el MITECO, ocho de cada 10 incendios tienen detrás la acción humana, ya sea por accidentes, negligencias o de manera intencionada.
De esos ocho de cada 10 incendios causados por el hombre, se estima que tres se deben a accidentes, descuidos o negligencias, como barbacoas o quemas mal controladas. Los otros cinco son incendios intencionados, en la mayoría de los casos por usos indebidos del fuego como quemas ilegales agrícolas o quemas para regenerar pastos. Según el MITECO, los incendios causados por pirómanos representan alrededor del 2% del total.
Los porcentajes varían en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, según la cual entre 2020 y 2024, el 65,6% de los incendios se produjeron por negligencia o accidentes (causados involuntariamente por la actividad humana) frente al 23,6% de incendios intencionados.
