Pedro Sánchez no es responsable de que Marruecos sea un vecino muy complicado de gestionar. Ni de que ese vecino se haya organizado políticamente como una autocracia caprichosa y despreocupada ante el sufrimiento de sus súbditos. Tampoco es responsable de que Rabat no reconozca la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y reivindique la suya propia sobre el Sáhara. Ni tampoco es responsable de que ese país sea fundamental para combatir la inmigración irregular, el terrorismo yihadista o el narcotráfico.
El Gobierno no es responsable, en definitiva, del punto de partida de nuestras relaciones con Marruecos. Sí lo es de cómo ha gestionado esas relaciones en los últimos ocho años. Y también lo es de varios problemas que se han visto con claridad durante la crisis actual. El primero de ellos: su propia desidia ante el agravamiento de la situación en Ceuta. Las autoridades de la ciudad ya denunciaron un aumento insostenible de llegadas irregulares varios días antes de la gran avalancha; no hubo respuesta por parte del Ejecutivo. Esa desidia también se extiende a las señales que deberían haber avisado de lo que iba a ocurrir. Si esa «actividad inusual» en redes sociales que ha denunciado el ministro Albares tuvo un papel determinante, no se entiende que no fuera detectada por unos servicios de inteligencia que deberían tener en Marruecos y en las llegadas irregulares dos de sus grandes prioridades. Si se desatendieron los avisos, mal; si no hubo avisos, mal también.
El Gobierno es responsable, además, del evidente fracaso de su política de apaciguamiento con Marruecos. Sánchez no inventó esa manera de tratar a nuestro vecino más conflictivo, pero sí la ha hecho propia y la ha llevado a extremos asombrosos. Con un agravante: la opacidad. Seguimos teniendo que rellenar los huecos de varios episodios incomprensibles, como la renuncia a la postura española sobre el Sáhara o la falta de reacción ante el espionaje a los móviles del presidente y tres ministros con el programa Pegasus.
La lectura más benévola para el Gobierno es que, en ambos casos, se persistió en un criterio pragmático: hay que morderse la lengua y tener contento a Marruecos, porque la alternativa sería peor. Pero está claro que ese supuesto realismo no ha mejorado la seguridad de Ceuta y Melilla, expuestas ahora a asaltos cada vez que le apetece al tiranuelo de Rabat. El Gobierno, sin embargo, no corrige su estrategia. Ver a varios ministros alabar la colaboración y la fiabilidad del mismo Estado que alentó la entrada masiva en Ceuta no es solo humillante; también es una señal de que el Gobierno no tiene un plan alternativo. Si el apaciguamiento fracasa, la única opción que se contempla es intentarlo de nuevo.
Por último, el Gobierno también es responsable de su propia soledad en un contexto tan fundamental como el europeo. La regularización masiva impulsada por Sánchez no explica el asalto a Ceuta -de nuevo, este no habría ocurrido sin la complicidad de las autoridades marroquíes-, pero sí fue abiertamente a la contra de las prioridades de nuestros socios en un asunto que se entiende como un problema europeo. Denunciar ahora la «insolidaridad» de los demás se parece demasiado a la pataleta de quien comprueba que sus acciones tenían un coste mayor del que pensó. Y que ya no sabe cómo revertir el daño.
