Siendo el rechazo a la inmigración «masiva» eje vertebrador de la ideología de Vox, la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno la semana pasada ha despertado un rechazo frontal en las filas de los de Santiago Abascal, que cargan contra esta medida defendiendo que supone «premiar la ilegalidad», «fomentar el efecto llamada» y «atentar contra nuestra identidad». «Transformar España sin el consentimiento de los españoles», ha añadido este lunes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.
Y no se ha quedado ahí el dirigente, que ha seguido la estela de otros compañeros de la formación para elevar aún más el tono contra la regularización: «Esta operación no es el suicidio de España, sino su asesinato», ha pronunciado al inicio de su habitual rueda de prensa de los lunes. «El asesinato premeditado y traidor de nuestra soberanía, de nuestra identidad, de nuestra pertenencia a una patria común», ha querido explicar.
Bajo estas premisas, Vox ha puesto en marcha una iniciativa parlamentaria coordinada en todas las cámaras -del Congreso a los ayuntamientos- con el objetivo de «exigir», además del rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, que se «auditen» también «de manera exhaustiva todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años».
Fúster no ha querido dar una cifra de cuántas concesiones pretenden revisar. «No tenemos datos concretos, no sabemos cómo han concedido esa nacionalidad», ha argumentado, señalando que su objetivo es saber cuántas personas podrían haber obtenido la nacionalidad española mediante un «fraude». «Y a partir de ahí, tomaremos las medidas que haya que tomar», ha apuntado, sin detallar qué harán si encuentran algún caso con ese «fraude».
Sí ha sonado rotundo Fúster al afirmar que, «por supuesto, habrá algunos que tengan que pagar». «Porque llevaremos a los banquillos, por este fraude, a la nación española», ha añadido el portavoz, que ha apuntado a los documentos legales necesarios para obtener la nacionalidad como un posible punto donde pueda haber habido algo fraudulento.
En todo caso, la regularización de inmigrantes que va a impulsar el Gobierno no supone conceder la nacionalidad, sino solo dar papeles a personas que ya residen en España desde hace meses. Esto significa, también, que estos inmigrantes no podrán votar en las elecciones venideras. Pero, en cualquier caso, Vox habla de una «sustitución del censo» -en palabras de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán- o de una «operación de ingeniería social» para «sustituir en un futuro a esa mayoría [de españoles]», según ha afirmado hoy Fúster.
El portavoz nacional del partido, elevando de nuevo el tono de sus afirmaciones, también ha cargado contra quienes defienden la regularización de inmigrantes como una cuestión de humanidad -el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en redes sociales una referencia en este sentido-. «El número uno de la trama corrupta habla de humanidad, pero no hay nada humanitario en destruir a una nación, ni en utilizar la inmigración como herramienta ideológica ni en enfrentar a los más vulnerables entre sí». «España no es una ONG», ha sostenido más tarde.
