José Luis Rodríguez Zapatero está en el punto de mira. El ex presidente del Gobierno que aseguraba antes de abandonar La Moncloa que él no sería un elemento de incordio para sus sucesores ni de distorsión para el país, se sitúa ahora en el centro de la diana de la oposición enredado en una tupida maraña de sospechas, extrañas coincidencias, amistades peligrosas, mediaciones, viajes transatlánticos y encargos negociadores del Gobierno de Pedro Sánchez. La acción militar de Trump en Venezuela viene a intensificar el foto sobre Zapatero.
No será el primer ex presidente llamado a declarar en una comisión de investigación parlamentaria. Tampoco será la persona de más alto rango citada en la comisión del Senado que indaga en el llamado caso Koldo y sus múltiples derivadas: antes que él lo ha hecho Sánchez. Sí será, sin embargo, el primero que tenga que rendir cuentas acerca de su presunta implicación en una suerte de trama en la que confluyen gestiones aparentemente diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro para liberar presos políticos y rescatar disidentes incómodos; contactos estrechos con un investigado -Jesús Martínez- por blanqueo de fondos procedentes de la corrupción venezolana; supuestas presiones en favor del rescate de una aerolínea, Plus Ultra, que habría servido de tapadera para desviar el dinero y silencios clamorosos en beneficio del dictador caribeño, cuya presidencia era tachada de ilegítima por la comunidad internacional sin que Zapatero rompiese. Todo esto se le imputa políticamente al ex presidente adobado, además, por un runrún constante sobre el incremento de su patrimonio con presuntas actividades como lobista de intereses chinos y negocios ocultos en Venezuela.
Zapatero tendrá que acudir al Senado, citado por el PP, para dar explicaciones de todo ello, aportar datos para discernir entre la verdad y la mentira y aclarar su papel como nexo imprescindible del Ejecutivo de Sánchez no sólo con el régimen de Maduro sino también con el líder del secesionismo radical, el fugado Carles Puigdemont, para tratar de consolidarlo como pilar de apoyo del Gobierno. El ex presidente asegura que dará respuesta a todo lo que se le pregunte, rechaza haber tenido papel alguno en el rescate de Plus Ultra y recalca su sorpresa tras conocer que su amigo Jesús Martínez había sido detenido por la UDEF. Zapatero, en definitiva, lo niega todo.
La fecha de su citación aún no está decidida, pero fuentes del grupo popular, el mayoritario en la Cámara Alta y que, como tal, domina la comisión de investigación, advierten de que no será inminente. La sitúan, de momento, bien entrado el nuevo año, más allá de enero, cuando empiecen a decantarse hacia lo veraz o hacia lo falso algunos de los indicios, aparentemente incriminatorios, que lo señalan.
La estrategia del PP, desde el mismo anuncio de que lo citaría, pasaba por dar un margen de tiempo, convencidos de que saldrán nuevos datos a la luz y, mientras tanto, sosteniendo la espada de Damocles sobre la cabeza del ex presidente.
El empresario imputado Víctor de Aldama, el ex ministro encarcelado y procesado José Luis Ábalos, el ex asesor Koldo García e incluso el directivo de Plus Ultra, Julio Martínez, eran vistos por los populares como previsibles gargantas profundas dispuestas a hacer revelaciones. Y ahora se suma la crisis en Venezuela, con una persona cercana a Zapatero, Delcy Rodríguez, al frente del país. De momento, la oposición en España ata cabos. A los múltiples viajes de Zapatero, nunca bien explicados, a Venezuela; a sus encuentros siempre amistosos con Maduro; al trato privilegiado que este le dispensaba y a su silencio ante los desmanes del régimen, se suman extrañas coincidencias que alimentan la sospecha.
La primera gira en torno al vínculo de amistad entre el ex presidente y el directivo de Plus Ultra, Julio Martínez. A las largas caminatas que juntos disfrutaban en un paraje gestionado por Patrimonio Nacional cerrado al público y al hecho de que la última se produjera tres días antes de que Martínez, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo, fuera arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. En esas 72 horas, según los investigadores, el amigo de Zapatero borró mensajes y correos de sus dispositivos móviles. Ahí, en ese punto, es en el que nace el convencimiento de los populares de que el ex presidente estaría al tanto de las pesquisas policiales y dio un «chivatazo» a su compañero de paseos. Esta es, efectivamente, una posibilidad pero de momento está muy lejos de haber sido probada.
Se añaden a ello las informaciones periodísticas, a las que el PP da credibilidad, sobre el uso entre ambos de teléfonos prepago básicos sin conexión a internet y de usar y tirar, así como las sospechas, supuestamente surgidas en la investigación, de que Martínez recibía transferencias de dinero desde Plus Ultra que podrían ser pagos para Zapatero por haber realizado gestiones a favor del rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Sánchez a la aerolínea a la que, pese a su escasa entidad, se consideró estratégica.
El rescate de Plus Ultra siempre fue polémico y aunque el Ejecutivo insiste en que todo se ajustó a la legalidad lo cierto es que a cuenta del mismo se abrió un procedimiento judicial que fue archivado por haber expirado el plazo para la instrucción. Sin embargo, lo que hasta ahora no se ha confirmado es la veracidad de los presuntos pagos al ex presidente del Gobierno.
Si la madeja no fuera ya lo suficientemente tupida, el PP incluye en el inventario las últimas declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil «nexo corruptor» en el caso de las mascarillas, señalando directamente al ex presidente como la persona que presionó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que se aprobara el rescate de Plus Ultra. Un rescate que finalmente, según Aldama, fue ordenado por Pedro Sánchez con la resistencia de Ábalos. O las declaraciones de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, hoy en prisión junto al ex ministro, deslizando que Zapatero se ha hecho millonario negociando con petróleo de Venezuela.
Para los populares, se acumulan los indicios que sitúan al ex jefe del Ejecutivo en el centro de una trama corrupta -«de conseguidores y comisionistas», dicen- pero también son conscientes de que muchos de esos señalamientos son fruto de declaraciones de personas con graves procedimientos judiciales a sus espaldas y que incluso se encuentran en prisión. «Desentrañar el ovillo, unir la línea de puntos», afirman en el PP, «es el objetivo». Y, mientras, calibran para «apuntar bien» y sopesan el momento oportuno para tirar de un hilo que, al final, están seguros de que «deparará sorpresas».
